Prevención del suicidio en la era del COVID - 19

La edición de verano [julio de 2020; Volumen 50, Número 5] del boletín informativo de la Asociación Americana de Salud Pública (American Public Health Association), The Nation’s Health, presenta a expertos preocupados por el posible aumento de suicidios y muertes por desesperación debido a la pandemia de COVID-19. Es posible que los profesionales de prevención que trabajan en la prevención temprana del consumo de sustancias entre jóvenes no se den cuenta de que estos conceptos están a menudo directamente relacionados con el consumo de alcohol y drogas. El boletín señala que las “muertes por desesperación” —definidas como muertes por suicidio o asociadas al consumo de alcohol o drogas— alcanzaron casi las 182.000 personas en 2018.

Un informe del 8 de mayo de la fundación Well Being Trust, en colaboración con el Robert Graham Center for Policy Studies in Family Medicine and Primary Care, estimó que podrían producirse 75.000 muertes adicionales por desesperación en EE. UU. durante la próxima década. Esta proyección se basó en un modelo que considera las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de coronavirus y la continua escasez de servicios de salud mental. Los investigadores reconocieron que si también hubieran modelado el estrés mental derivado del aislamiento social y la incertidumbre económica, la estimación habría sido aún mayor. Sin embargo, la prevención puede intervenir con políticas y estrategias eficaces para evitar estos desenlaces.

Los entornos de atención sanitaria —virtuales o presenciales— ofrecen oportunidades de prevención

Aunque ya existen políticas eficaces que demuestran que es posible reducir los suicidios mediante leyes de control de armas y otras medidas, nuevas investigaciones indican que los entornos sanitarios ofrecen una oportunidad para aumentar la vigilancia de personas en situación de riesgo. Además, se puede aprovechar la tecnología a través de consultas virtuales y sesiones de terapia grupal mediante plataformas de videoconferencia, conectando a las personas con profesionales de salud mental y ampliando el acceso a la atención.

Además, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act), firmada en marzo, incluye 425 millones de dólares destinados a servicios de salud mental y disposiciones para ampliar la telesalud para quienes reúnan los requisitos. Pero aún se necesita mucho más.

Una iniciativa nacional prometedora es Project 2025, lanzada en el 2015 por la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (American Foundation for Suicide Prevention). Este proyecto incluye una docena de socios con el objetivo de lograr una reducción del 20% en los suicidios para el año 2025. Los métodos de prevención del suicidio están siendo pilotados e implementados en todo el país, incluyendo el cribado universal en entornos sanitarios para detectar ideación suicida. Investigaciones financiadas por el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health), socio del proyecto, demuestran que preguntar a los pacientes si tienen pensamientos suicidas es una intervención eficaz. Se han desarrollado preguntas específicas para que los trabajadores sanitarios las formulen a los pacientes, incluso si estos no presentan señales claras de suicidio

Dado que los estudios muestran que la mayoría de las personas que han intentado o han cometido suicidio visitaron un centro de atención médica en las semanas o meses anteriores a su muerte, estos entornos pueden ser un lugar clave para implementar intervenciones preventivas.

Lisa Horowitz, PhD, MPH, científica del personal e investigadora clínica del NIMH, afirmó que es un mito creer que preguntar sobre pensamientos suicidas puede inducir al suicidio. “En realidad, es todo lo contrario”, dijo. “La mejor manera de evitar que alguien se quite la vida es preguntarle directamente: ‘¿Estás pensando en suicidarte?’ Luego hay que escuchar la respuesta y brindarle ayuda. Hacer la pregunta también ayuda a desestigmatizar el suicidio, porque se convierte en parte de la conversación.”

Project 2025 también apoya las llamadas leyes de “bandera roja” (red flag laws), que permiten a la policía retirar armas de fuego a personas consideradas de alto riesgo, así como controles de antecedentes más estrictos y procesos de licencia más rigurosos para la compra de armas. Las armas de fuego se utilizan en casi la mitad de todos los suicidios, los cuales han aumentado un 35% en las últimas dos décadas, alcanzando aproximadamente 47.000 muertes anuales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention).

“El suicidio y las armas comparten un vínculo fatal”, declaró Mighty Fine, MPH, CHES, director de práctica de salud pública y desarrollo profesional de la APHA, a The Nation’s Health. “Si bien debemos trabajar para abordar las causas profundas del suicidio, también debemos reconocer el papel del acceso a las armas de fuego para poder frenar verdaderamente este importante problema de salud pública.”